El acuerdo depende de siete cambios a la CPE

Los prefectos que participan en el diálogo con el Gobierno han propuesto siete cambios al proyecto de Constitución Política del Estado que aprobó el MAS en Oruro el año pasado, como requisito para firmar un acuerdo que ayude a pacificar el país y superar la crisis política.
El Nuevo Día tuvo acceso al documento que han presentado los prefectos en las mesas de diálogo que se desarrollan desde hace 12 días en Cochabamba con la participación de observadores internacionales, quienes han sido informados de estas propuestas, al igual que las autoridades gubernamentales. Las exigencias de los líderes regionales no sólo tocan el plano de las autonomías, sino que tienen que ver con la defensa de la democracia representativa, la propiedad privada y los principios de justicia e igualdad que se encuentran vulnerados en el texto que el oficialismo pretende someter a un referéndum.
Sobre estos puntos, el Vicepresidente dijo anoche en Santa Cruz que la nueva Constitución respetará las autonomías de las regiones; sin embargo, dijo que no se aceptará ningún cambio al texto que ha presentado el oficialismo a las mesas de diálogo porque lo considera un chantaje.
Los prefectos exigen que se restituya en el texto el concepto de la República de Bolivia, ya que en el proyecto que se discute, el país aparece dividido en un sinnúmero de naciones con derecho diferenciado. Esto –según el documento- “niega la nación boliviana y afecta su unidad, al mismo tiempo que establece la discriminación con ciudadanos de primera y de segunda clase”, que se traduce en una distorsión de la representación en el Poder Legislativo.
En el segundo punto, se observa la existencia de la violación de la igualdad, pues en varios artículos se fijan derechos diferenciados entre bolivianos, provocando discriminaciones que afectan los derechos humanos de una parte importante de la población.
En el capítulo “Justicia”, los prefectos creen que la Constitución del MAS desnaturaliza la justicia comunitaria al permitir su aplicación a hechos y actos jurídicos ajenos a los usos y costumbres de una determinada comunidad indígena originaria campesina. Algunos artículos –dice el documento de trabajo– “violan los derechos y garantías de los bolivianos que no forman parte de una determinada comunidad, al reconocer el principio de territorialidad por encima de los Derechos Humanos”.
Con relación a las autonomías, los prefectos tampoco están conformes con la propuesta del Gobierno, porque el texto no concede a los departamentos la posibilidad de dictar leyes. “Ignora las autonomías departamentales y la voluntad popular expresada en tres referendos, al instituir siete niveles de gobiernos y además sujetarlos a una Ley a ser emitida por el gobierno nacional”, afirma.
En el plano económico, se identifican “restricciones a la propiedad privada” por el sometimiento de la iniciativa empresarial, ya sea pequeña, grande o mediana, a la intervención del Gobierno Nacional “afectando la actividad económica de todos los bolivianos e impidiendo que éstos puedan mejorar su condición de vida”.
El sexto punto que han puesto a consideración en el diálogo está vinculado al régimen agropecuario, sobre el cual, critican la “confiscación por parte del Estado de las propiedades agrarias sin ningún pago al propietario y bajo causales abusivas y sujetas a la voluntad del gobierno de turno”.
En el punto siete y último, creen que establecer la reforma parcial de la Constitución con mayoría simple, producirá un efecto de inestabilidad constitucional e inseguridad. “Las futuras reformas –dice- quedan libradas a la voluntad discrecional de la simple mayoría del gobierno de turno. No exige para la aprobación de la reforma en dos períodos de gobierno ni una mayoría de dos tercios”, concluye.